Hoy se recuerda el Día Internacional por el Trabajo Decente en todo el mundo en el que 75 millones de jóvenes se encuentran en estos momentos sin trabajo
Hemos salido de nuevo a la calle para exigir un trabajo decente. Lo hacemos en más de 80 manifestaciones en toda España, y también para decirle al Gobierno que no estamos dispuestos a soportar más paro, más recortes y menos protección social, que incrementarán el sufrimiento de la población.
Hoy, 7 de octubre, se recuerda el Día Internacional por el Trabajo Decente en todo el mundo. Este año la movilización está dirigida a denunciar la situación de 75 millones de jóvenes que se encuentran en estos momentos sin trabajo; otros muchos millones están atrapados en un trabajo informal o precario; y decenas de millones de nuevos solicitantes de empleo no tienen ninguna posibilidad de encontrar trabajo, ni la educación y formación que les permitiría estar preparados para trabajar en el futuro.
En algunos países, el desempleo juvenil alcanza el 60%, y toda una generación de gente joven se enfrenta a la exclusión del mercado laboral. En España, hay una alarmante tasa de paro cercana al 50%, en La Rioja 16.300 menores de 35 años están en situación de desempleo.
Estos datos muestran que las políticas de los gobiernos sólo acentúan la desigualdad y la desregulación del mercado de trabajo, y ponen de manifiesto la equivocada política económica que se está implementando, y que necesita, por lo tanto, un cambio de dirección para compatibilizar medidas de reactivación de la economía con el equilibrio presupuestario.
La crisis económica y el entorno es cada vez más hostil para los derechos de los trabajadores en nuestra región. El hecho de movilizarnos conjuntamente organizaciones y asociaciones de todo tipo, nos permite mostrar al gobierno que estamos dispuestos y somos capaces de seguir confrontando estos desafíos.
Las reformas que han acometido los gobiernos, especialmente las reformas laborales, han supuesto la mayor destrucción de empleo en nuestra región y han rebajado las condiciones salariales de todos, más de 30.400 parados son el claro exponente de nuestras denuncias.
El ataque a la función pública y a sus empleados es una carga de profundidad maldita al estado de bienestar. Los servicios públicos de sanidad y educación están siendo moneda de cambio en un proceso de crisis que lleva consigo una reorientación ideológica hacia la derecha más recalcitrante.
En esta dirección, hemos de enmarcar los cambios realizados en los estatutos de la Fundación Hospital de Calahorra para permitir que las empresas privadas gestionen un hospital público, construido y desarrollado con los impuestos de todos nosotros, todo ello con la pretensión de privatizar la sanidad riojana.
El mismo trato recibe la educación pública en nuestra región. El Gobierno debe rectificar sus posiciones, y en el marco del diálogo social, preservar con un gran acuerdo la educación pública en nuestra región. Sabemos que es difícil, sobre todo si nos atenemos a la nueva Ley de Educación que prepara el Gobierno de España, una Ley que tiende a aplicar en términos ideológicos las posiciones más testarudas de la derecha política. Capellán, tu sordera no nos puede llevar al cambio constitucional de la educación pública, no lo vamos a admitir.
En esta línea, se han elaborado los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, donde constatamos la invariable posición de los gobiernos en una dirección equivocada, pues tienden a aplicar recetas que no han dado ninguna solución desde el 2009. Por ello, exigimos un cambio radical en las políticas. Las exigencias de los gobiernos hacia los ciudadanos han de convertirse en reclamaciones a la banca y a las grandes corporaciones empresariales, como responsables de la situación económica en nuestro país. Los ciudadanos, con nuestros impuestos, no tenemos por qué hacernos responsables de los desmanes políticos, ni mucho menos de la banca.
Los presupuestos contemplan drásticamente recortes en los servicios esenciales y en las partidas que afectan al desempleo, servicios sociales, educación y sanidad.
Los 64.000 jubilados y pensionistas riojanos tienen en entredicho la compensación por la desviación de los precios, y con ello la paga del mes de enero y el incremento en la pensión para el 2013.
La igualdad entre hombres y mujeres y las acciones contra la violencia de genero, también se verán afectadas con recortes presupuestarios.
Las tasas universitarias se han incrementado y lo seguirán haciendo, permitiendo con ello una universidad para los ricos. Los programas como el Erasmus aparecen con tantos recortes, que hacen imposible su continuidad.
En definitiva, una propuesta económica que no va a resolver los problemas de nuestra región, que principalmente necesita de una política industrial que reponga lo que se ha destruido, y con ello el crecimiento económico y del empleo.
Desde la Cumbre Social en La Rioja, en la que estamos todos comprometidos, denunciamos que esta situación incrementará el paro en nuestra región, y con ello el sufrimiento de la población. Los jóvenes serán los más perjudicados. Tampoco ganaremos con ello la credibilidad en el exterior, y tampoco acortarán el periodo de salida de la crisis.
Por ello, decimos no, no no y no a esta forma de gobierno.
Exigimos se consulte a la ciudadanía a través de un referéndum vinculante. Y se vinculen las estructuras del estado y la constitución hacia una mayor participación democrática.
CUMBRE SOCIAL DE LA RIOJA